Febrero 19 de 2015 · The New School, Nueva York

colombiadialoguesp1130138
Mary Watson, Decana Ejecutiva de The New School for Public Engagement, celebró en su discurso de apertura la ampliación de la cooperación institucional entre la CAF y Observatorio de América Latina (OLA), que inició con la Beca PNK y se extenderá en el tiempo con esta serie de seminarios nacionales bianuales en Nueva York. Christian Asinelli, Director de Desarrollo Institucional de la CAF también mostró entusiasmo con esta alianza, y recordó que el Banco de Desarrollo de América Latina CAF es la única institución financiera internacional cuyos propietarios, administradores y beneficiarios son los países de América Latina. Por esta razón la CAF busca promover el liderazgo y trabajo conjunto entre funcionarios públicos, jóvenes líderes y académicos de toda América Latina. El evento fue diseñado y presidido por tres estudiantes colombianos del doctorado en Urban and Public Policy de The New School: María Carrizosa en el primer panel, Martha Susana Jaimes en el segundo panel, y Manuel Valderrama en el último panel.

Colombia es el tercer país más poblado de América Latina después de Brasil y México. Es, además, una de las economías de más rápido crecimiento en la región: en las últimas décadas el desempeño económico de Colombia ha sido notablemente estable. En 2013, tuvo el cuarto PIB más alto de la región, y se espera que en 2014 haya crecido alrededor del 4.7%, superando el crecimiento promedio de la región (2%). La tasa de desempleo ha disminuido considerablemente desde 2011, y el empleo ha aumentado en los últimos dos años. El país ha tomado recientemente medidas decisivas para reducir la desigualdad del ingreso (Colombia es el 10º país más desigual del mundo), y también para estimular el dinamismo económico del país en medio de una geografía tan abrupta. Por otra parte, el actual proceso de paz que se lleva a cabo en Cuba entre el Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC, promete aliviar el conflicto armado más largo del hemisferio occidental, unificando al país hacia una nueva fase de su historia.

I. La agenda global de Colombia

El primer panel ofreció una mirada de primera mano sobre los pasillos de la diplomacia y las relaciones internacionales del gobierno de Juan Manuel Santos, quien –ahora entrando en su quinto año de gobierno-, ha reposicionado a Colombia en el ámbito internacional a través de lo que él ha llamado una agenda positiva. Con esta agenda positiva Colombia supera su enfoque tradicional exclusivamente centrado en el tema de las drogas y de seguridad, para abrirse campo como interlocutor global en un rango de asuntos más amplio. Sin duda, este cambio de visión tiene relación con el fuerte desempeño económico del país y en los logros en materia de desarrollo social y ha abierto la puerta para que Colombia ejerza también una creciente influencia como líder regional. La incorporación de Colombia en Consejo de Seguridad de la ONU, sus primeros aportes como donante humanitario, el proceso de integración del país a la OCDE, y el liderazgo de UNASUR, son solo algunos ejemplos importantes de la ampliación del espectro de la agenda internacional colombiana.

El Representante Permanente Alterno de Colombia ante las Naciones Unidas, Carlos A. Morales, ofreció una visión general de los principales temas en la agenda internacional actual de Colombia. En primer lugar Morales destacó el rol que la comunidad internacional ha venido desempeñado desde 1990 en el proceso de paz: Cuba, Noruega, Venezuela, Chile, y por supuesto sistema de las Naciones Unidas, son los ejemplos más sobresalientes. Morales explicó que mientras Colombia se esfuerza a nivel interno por definir: «la línea que divide la paz y la justicia, el perdón y el olvido», el papel de los desmovilizados en la erradicación de las drogas y la remoción de minas antipersonales, así como la financiación del post-conflicto; el país reconoce que requerirá el apoyo continuo y decisivo de la comunidad internacional en una exitosa construcción de la paz. Pero más allá del obvio tema de paz y seguridad, la agenda global de Colombia se ha diversificado sustantivamente. Hoy, los tres temas clave para Colombia en el ámbito internacional son: Primero, sus propuestas para mejorar de la arquitectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (tema en el que Colombia ha venido ofreciendo aportes sustantivos desde hace algún tiempo). Segundo, las negociaciones sobre cambio climático, donde Colombia ha defendido el principio de responsabilidad común diferenciada. Y tercero, Colombia urge a la comunidad internacional una política de drogas más innovadora, que incorpore respuestas eficaces al tráfico de drogas basadas en el respeto a la salud pública, a los derechos humanos y la reducción de daños. El informe de 2013 de la OEA -propuesto por Santos- es un reflejo de este nuevo enfoque en la política de drogas. Para finalizar, Morales destacó los enormes potenciales y grandes desafíos que enfrenta Colombia por ser un país a la vez Caribe, Pacífico, Andino y Amazónico..

María Isabel Nieto, Cónsul General de Colombia en Nueva York, compartió con la audiencia la visión del «Camino a la Prosperidad», del actual Plan de Desarrollo Nacional. La Cónsul Nieto destacó la intención del presidente Santos de hacer de Colombia para el año 2025, el país más equitativo y más educado de América Latina, y aseguró que hoy el presupuesto nacional para educación es mayor que el de cualquier otro sector, incluida la seguridad. En su intervención Nieto aclaró que Colombia reconoce los retos que trae consigo el fuerte desempeño económico del país en los últimos años, principalmente porque dicho crecimiento debe acompañarse con acciones decididas para diversificar la matriz productiva del país y superar los deficiencias de conectividad terrestre que bloquean la productividad y la competitividad económica. La infraestructura vial de Colombia ha sido descrita como la peor de América Latina; una situación que el gobierno de Santos se ha comprometido a cambiar para el 2019. En este mismo frente, el mayor proyecto de inversión pública en Colombia actualmente es la red 4G. La reducción de la brecha digital se ha convertido en una prioridad y un objetivo con miras a la reducción de la pobreza.

Nieto también destacó que el sector turístico de Colombia ha crecido un 70% desde 2006. Incluyendo el turismo de salud, el sector en su totalidad podría seguir creciendo cinco o incluso diez veces en los próximos años. Por supuesto este cambio tiene relación con las mejoras en el entorno económico y de seguridad, pero también obedece a un cambio el tono en como Colombia se retrata internacionalmente. La Cónsul General (quien ha sido Secretaria Privada del Presidente y Viceministra del Interior, entre otros cargos en el sector privado y en organizaciones sin ánimo de lucro), elocuentemente aseguró que, al reelegir al presidente Santos, los colombianos votaron principalmente a favor de la paz. Nunca antes en la historia del conflicto armado interno de Colombia, el país había estado tan cerca de lograr la paz. Las negociaciones con la guerrilla de las FARC ya han cubierto cuatro de los seis temas principales: la reforma agraria, la participación política, las drogas y las víctimas. La consistencia y perspectivas de estas conversaciones, junto con el rendimiento económico estable y un paquete de políticas sociales ambiciosas, alimentan el optimismo de la agenda global de Colombia: «estamos cansados ​​de pensar en pequeño» resumió la Cónsul Nieto.

Las anotaciones de Sakiko Fukuda ofrecieron una visión que sitúa al país en el contexto global. Fukuda celebró el hecho de que «Colombia tiene una voz clara» en el establecimiento de la agenda post 2015, e hizo hincapié en que «los ODM fueron un programa de ayuda del Norte para el Sur», en la que sin duda «el desarrollo resultó ser proceso disruptivo»; esta vez nuevos actores –las naciones en desarrollo-, están articulando una perspectiva diferente. Sin embargo, Fukuda insistió: «el liderazgo de Colombia debe venir en la forma de nuevas políticas y nuevas instituciones», y explicó el papel fundamental de una «burocracia meritocrática», que debe ser el verdadero camino hacia el desarrollo estable y el liderazgo.

II. Urbana: Perspectiva histórica y alternativas de política.

El historiador Germán Mejía (Decano de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana) en su presentación «Seis tesis sobre la ciudad latinoamericana: Perspectivas de la historia urbana», señaló una serie de vacíos analíticos en los paradigmas que sirven a la historiografía actualmente para estudiar las ciudades de América Latina. Para Mejía, dos corrientes teóricas particulares limitan la verdadera comprensión de la dimensión histórica de la formación de ciudades en América Latina, a tal punto que las llama «prisiones historiográficas». La primera prisión bloquea la comprensión del proceso de urbanización y lo subordina frente al Estado-Nación. La segunda prisión une la ciudad a la industrialización como la única plataforma de desarrollo urbano, de manera que falta de industrialización se equipara a retraso. Ambas corrientes teóricas definen la ciudad como resultado de fuerzas externas, y no tienen en cuenta su capacidad de auto-generar poder, riqueza y participantes activos. Para el profesor Mejía, estos paradigmas limitan la producción de conocimiento sobre la ciudad, generando una especialización en sus investigaciones y enfocándolas exclusivamente hacia la capacidad de los estados-nación y del capitalismo industrial para tratar asuntos urgentes económicos y sociales. Mejía enuncia seis tesis que deben ser investigadas con el fin de desbloquear estas limitaciones analíticas: i) las ciudades son un espacio humanizado antes que un entorno construido que, a su vez, está construido por sus habitantes; ii) la ciudad es capaz de sobrevivir a los sistemas socio-políticos en los que está inserta; iii) las razones del persistente crecimiento de las ciudades, se deben menos a factores de expulsión -es decir, migración desde las zonas rurales hacia las urbanas- y a factores de atracción; iv) los centros urbanos preceden a las naciones, de hecho, esta tensión entre ciudad y nación esta a la base de lo que significa lo urbano; v) la existencia de una ciudad implica la creación del habitante urbano -el urbanita-, y con esta creación de este nuevo sujeto se institucionaliza el gusto burgués y se inaugura el espacio de la intimidad; vi) la ciudad es antes que nada un territorio social por lo que lo interesante es entender su prevalencia en los distintos momentos históricos que le son propios. (icon Lea la presentación completa de German Mejia)

Fabio Giraldo examinó el papel de las ciudades para hacer frente a la desigualdad en la distribución del ingreso, con especial énfasis en el impuesto sobre ganancias de capital, tanto a nivel urbano como territorial. En su presentación discutió el proceso de urbanización estableciendo un marco conceptual para acercarse a su economía política, en el cual puso de relieve la importancia de la participación ciudadana en la creación de ciudad y en la evaluación de sus políticas. Giraldo sostuvo que los enfoques convencionales sobre los procesos de urbanización modelan los determinantes del precio de la vivienda pero a su vez están desconectados de su actual valorización real. Hacer claridad conceptual en este respecto resulta crucial para dar cuenta de los verdaderos procesos de capitalización que permiten las ciudades, y abrir posibilidades para su redistribución. Por lo tanto, Giraldo propuso un enfoque nuevo para modelar los principales componentes de la oferta suelo, urbanización, construcción), y la demanda (ingresos, subvenciones, y crédito), de los atributos urbanos, reconociendo sus características macroeconómicas, urbanas, empresariales y sociales en relación con las políticas. Giraldo concluyó que este enfoque contribuye al diseño y refinamiento de las políticas urbano-territoriales en Colombia ya que aborda apropiadamente las necesidades desde un Estado Social y Democrático bajo el entendido de un Estado Social de Derecho. A su vez, este enfoque abarca tanto la periferia rural como los centros urbanos bajo una forma común de ciudadanía y promueve la participación activa de los ciudadanos en la elaboración de normas y la evaluación de políticas. (icon Lea la presentación completa de Fabio Girald -en inglés-)

María Mercedes Maldonado (precandidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá) inició reconociendo que las tasas de la desigualdad, de pobreza y de distribución del ingreso han mejorado su comportamiento en Bogotá en comparación con el promedio nacional, estos logros ponen de manifiesto cómo la ciudad puede ser una plataforma para promover el desarrollo y mitigar la desigualdad. Sin embargo Maldonado evidenció cómo la segregación espacial revela límites en la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza en la ciudad, demostrando la necesidad de considerar la dimensión espacial de estos fenómenos. Explorando este punto, Maldonado mostró la relación directa que existe entre la segregación socioeconómica residencial y las tasas de pobreza multidimensional: los niveles de prevalencia de la pobreza están distribuidos de forma desigual a lo largo de líneas espaciales. Estos señalamientos necesariamente apuntan a la urgencia de implementar políticas urbanas más decisivas que contemplen el establecimiento de impuestos progresivos (explícitamente impuestos a la propiedad), la mejora a la calidad del empleo, a la educación, y la ampliación de garantías al acceso a los bienes y servicios urbanos fundamentales. La segregación espacial se combate –insistió Maldonado-, mejorando la localización de las residencias y promoviendo mayores niveles de integración social, evitando que las residencias de hogares de bajos ingresos estén ubicadas en zonas de riesgo irrecuperables, y también mediante la mejora de la calidad del medio ambiente en general. Para Maldonado, esta agenda de desarrollo ha de incluir: la planificación del uso del suelo, una política de vivienda consistente, un programa robusto de mejoramiento de barrios marginales y estimulos para la producción de nuevas viviendas de interés social e interés prioritario adecuadamente localizadas en la ciudad. A pesar de los logros hasta ahora en Bogotá, Maldonado llega a la conclusión de que el reto actual es hacer frente a los problemas persistentes que surgen por asumir una perspectiva inadecuada: la noción que prevalece hoy de ubicar nuevas viviendas de interés social en los límites de expansión de la ciudad; una política de mejoramiento de barrios prácticamente inexistente; políticas fragmentadas, sectoriales y aisladas; un evidente vacío de políticas para hacer frente a la desigualdad en la distribución del suelo urbano; y el hecho de que todas las experiencias de desarrollo de las ciudades están aisladas, y no son sostenibles. En este sentido, trabajar hacia una política urbana nacional unificada adquiere una importancia crítica. (icon Lea la presentación completa de María Mercedes Maldonado -en inglés-)

Robert Buckley asumió una actitud crítica frente a las intervenciones de todos los panelistas, en un esfuerzo por provocar el diálogo. Reaccionando enfáticamente a la intervención de Giraldo, afirmó que: «la ciudad no debería estar preocupada por sus taxistas sino más bien, debería concentrarse en la dotación de sistemas de infraestructura y transporte adecuados que permitan a las personas llegar a sus puestos de trabajo». Continuó insistiendo que: «la democracia está sobrevalorada y el poder de la rendición de cuentas también es exagerado». Buckley resaltó que los panelistas coincidieron en que los problemas actuales que enfrentan las ciudades no son aislados sino están fuertemente interconectados, por lo que estuvieron de acuerdo en la urgencia promover una política urbana nacional para abordar la desigualdad dentro de las ciudades.

III. Hacia la paz territorial: Política de drogas, desplazamiento, y desarrollo rural

Juan Manuel Galán compartió su experiencia en el liderazgo del Proyecto 27 de 2014 para la regulación del consumo de marihuana con fines medicinales. Este proyecto tiene por objeto reformar el artículo 49 de la Constitución colombiana, para contemplar el uso de sustancias psicoactivas como parte de un asunto de salud publica. Para Galán la modificación a la ley hace eco en reflexiones más generales que tienen en cuenta el uso histórico del cannabis, los daños ecológicos y humanos causados ​​por la erradicación de cultivos ilícitos -como se evidencia en el caso colombiano-, y el hecho de que eliminar por completo la producción de drogas es un objetivo inalcanzable. En este sentido, dichas visiones promueven alejarse de un modelo prohibicionista y acercarse más hacia la eliminación de los efectos políticos, sociales y económicos del narcotráfico. Tal cambio exige innovaciones institucionales para abordar los problemas relacionados con las drogas. El Senador Galán considera que estas innovaciones deben promover la participación activa de las comunidades -en lugar de considerarlas víctimas pasivas-, y encontrar un término medio entre los extremos del modelo prohibicionista y la despenalización total, en el que la prioridad sea la regulación de su producción y consumo dentro del marco de los derechos humanos. El Senador Galán sostuvo que la eficacia de tales innovaciones políticas se puede estimar si se considera los resultados de investigaciones que muestran que, en los países en que se ha abandonado el modelo prohibicionista, la legalización de las drogas no aumentó el consumo, así como si se tiene en cuenta los costos considerables asociados a aquellas políticas anti-drogas que tienen un fuerte énfasis en la disminución de la oferta. El Proyecto 27 de 2014 es un ejemplo de dicho enfoque. La propuesta de Reglamentación del consumo de drogas permitiría, en caso de aprobarse, el derecho a la medicación adecuada para aquellos pacientes que lo necesitan; por ejemplo, 400.000 pacientes con epilepsia que podrían beneficiarse de los potenciales efectos positivos de la marihuana medicinal. Galán cerró su presentación con la conclusión de que un enfoque alternativo que enfatice la regulación y legalización, y que reconozca el acceso a la salud como un derecho humano, es de suma importancia no sólo para la agenda global sobre la política de drogas, sino también para reconocer que los problemas relacionados con las drogas son una prioridad en la actual agenda de negociaciones de paz para Colombia. (icon Lea la intervención del Senador Galán)

Yamile Salinas examinó el estado de protección a los derechos humanos de las minorías étnicas, dentro del actual momento político en el que el desarrollo rural y la restitución de tierra son elementos fundamentales para el Plan de Desarrollo de Colombia. Para esto, Salinas resaltó aquellas características del conflicto que afectan directamente a las minorías étnicas, las cuales incluyen, además del tráfico de drogas, la estrecha relación entre las desigualdades políticas y la concentración de tierra, y sus intersecciones con las políticas de desarrollo rural, las políticas de seguridad nacional, y la capacidad institucional del gobierno. Si bien en este contexto han surgido agendas de desarrollo rural, como las propuestas del movimiento social agrario, y el énfasis en desarrollo rural que se ha tenido en las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, y en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Santos, la vulneración a los derechos humanos de las minorías étnicas no ha sido suficientemente abarcada. De un lado, las minorías étnicas y raciales componen el 80% de la población desplazada a causa del conflicto armado. De otro lado, estas minorías también han sido marginalizadas en el proceso de restitución de tierras. Claro está, La Ley de Víctimas cuenta con un serie de desafíos en materia de restitución, como lo son la enorme cantidad de demandas judiciales y reclamaciones por parte del total de la población desplazada y la limitada capacidad institucional del Estado colombiano para soportar el ritmo implícito a los compromisos adquirido en la agenda nacional. Sin embargo, Salinas llamó la atención sobre la marginalización de los grupos étnicos en este proceso, señalando que sólo el 0,05% de sus reclamaciones han sido concedidas. Como explicación, Salinas apuntó a i) los principales factores de la guerra -es decir, enfrentamientos continuos y minas antipersonales- y ii) a los vínculos sistemáticos entre intereses legales e ilegales -como por ejemplo, las concesiones mineras con procesos inadecuados de consentimiento informado, aseguramientos ilegales de laboratorios de cocaína y sus rutas de distribución, titularizaciones inadecuadas, y conflictos intra-étnicos-. Adicionalmente, se ha producido una sobre-posición conflictiva entre las agendas de desarrollo rural y los programas de restitución, donde la tierra se asigna a grandes inversiones privadas en lugar de restituirla. Este hecho, argumenta la Panelista, ha tenido la consecuencia disruptiva de bloquear la compensación exigida por las reclamaciones de los grupos étnicos. Por estas razones, Salinas concluyó que en Colombia no se ha iniciado una discusión adecuada sobre estos temas que son de importancia crucial. (icon Lea la presentación completa de Yamile Salina -en inglés-)

Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministro del Interior de Colombia, ofreció una visión detallada, entusiasta y sin embargo realista de lo que implica el proceso de justicia transicional. En línea con las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, Díaz explicó que el caso colombiano es de cierta manera atípico, ya que lo que se está acordando en Cuba es el fin del conflicto, luego lo que está en negociación son los principios fundamentales del camino hacia la paz. La paz no es, entonces, el resultado de las conversaciones de paz, ni representa perdón: «no estamos en La Habana para un intercambio de impunidad», afirmó la panelista. La paz tiene ha de ser construida en el territorio después de que se acuerde el fin del conflicto, es decir, se trata necesariamente de una paz territorial. De hecho, Díaz explicó que en Colombia «el conflicto y el post conflicto coexisten a través de nuestra geografía». Esto implica que la justicia transicional no es se obtiene en una ventanilla única, sino es un proceso construido en el tiempo que tiene varios elementos constitutiovos. La intervención Catalina Díaz ejemplifica cómo la paz territorial en Colombia es a su vez una puesta en escena del diálogo entre el sector público, la academia y los ciudadanos. En efecto, Díaz se mostró optimista sobre este proceso porque «hay una coincidencia entre las conclusiones de los expertos y las discusiones en Cuba». (icon Lea la presentación completa de Catalina Dia -en inglés-)

José Antonio Ocampo abordó intervención en su calidad de Director de la Misión de Colombia para la Transformación Rural. Ocampo señaló que el desarrollo rural es el tema más relevante en la agenda del post-conflicto colombiano, pues dicho llanamente, se trata de «saldar la deuda histórica con el campo». Para empezar, la Misión propone una clasificación –basada en la idea continuum rural-urbano-, de lo que se entiende como rural. Bajo este punto de vista, en toda aglomeración hay elementos de ruralidad, inclusive en las grandes mega ciudades. Lo rural debe considerarse como un continuo de patrones de asentamiento rural que van desde: las 12 ciudades más grandes, cabeceras municipales densas, aglomeraciones intermedias hasta de 25.000 personas con baja densidad poblacional, y por último la población completamente dispersa. Bajo esta definición ampliada, la mayor parte del país es rural. Por ejemplo, una lectura de los logros rurales de los ODM demuestra que estas áreas están atrasadas: «los habitantes de zonas rurales son más de tres veces más pobres que sus contrapartes urbanas». Más allá de las transferencias fiscales producto de las regalías mineras, «todas las reformas agrarias que el país ha adelantado han quedado inconclusas» –aseguró Ocampo-, hasta el punto que hoy «el 70% de las parcelas rurales productivas no tienen títulos de propiedad». Ocampo concluyó que una reforma agraria contundente, orientada a la productividad agrícola y el desarrollo económico rural es fundamental, pero más importante aún, es lograr que las políticas y regulaciones tengan efectivamente un impacto local positivo. En este sentido, subrayó: «el mayor desafío para el proceso de paz es restaurar la confianza en el ámbito local».

Ocampo concluyó su intervención planteando interrogantes respecto a la dificultad que tiene Colombia para implementar sus refinadas leyes y políticas. Expuso dos posibles razones por las que esto se presenta, aludiendo a dos académicos reconocidos: En primer lugar, hizo referencia a la metáfora de James Robinson de que Colombia es como un orangután con un esmoquin: «el esmoquin promueve la democracia y la estabilidad macroeconómica, mientras que el orangután genera la violencia, la guerra civil, el tráfico de drogas y el crecimiento económico endémico» (tomado del informe Robinson sobre la paradoja del índice de prosperidad). Hay, pues, dos Colombias; a medida que la del esmoquin avanza, la del orangután no se desaparece sino que se vista de gala. La segunda idea también es esclarecedora e igualmente perturbadora. Se refiere al concepto de «fetichismo legal» elaborado por Julieta Lemaitre, según la cual los colombianos sufren de una injustificable reverencia a la ley, a pesar de su evidente impotencia. Lemaitre explica este fenómeno como un acto de resistencia civil ante las acciones armadas.

Nota: Los panelistas no deben ser citados de forma individual o por su nombre; la citación debe referirse a la Reunión (Observatorio de América Latina 2015. diálogos Colombia:. Diálogos entre el sector público y la academia, «acta de la Junta», 19 de febrero, The New School University, Nueva York, NY.).

  • {modal url=https://observatorylatinamerica.org/_dev/ssp/ssp.html#id=album-158|width=705|height=420}Vea las imágenes del evento{/modal}


Conozca más sobre el Programa América Latina en Marcha