A las 20:00 horas de la noche del domingo 20 de octubre de 2019, se escucharon las primeras voces que denunciaban un posible fraude. Se habían llevado a cabo las elecciones generales para Presidente, Vicepresidente, Senadores, Diputados y Representantes Supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia, con denuncias de irregularidades digitales, que potencialmente podrían haber permitido la manipulación de datos, suplantación de actas y otras acciones de maniobra de la justa electoral.


El Sistema de Transmisión de los Resultados Preliminares (TREP) mostraba aproximadamente un 83.76% de conteo del voto total, un hito electoral de pérdida de apoyo hacia al expresidente indígena Evo Morales, con relación a sus importantes victorias de 2005, 2009 y 2014, pues se proyectaba una segunda vuelta con su contendiente Carlos D. Mesa Gisbert, el historiador, expresidente y periodista. Dicho conteo indicaba aproximadamente un 45,7% de respaldo para el oficialismo (Movimiento al Socialismo e Instrumento para la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, fuerza política de Morales), frente a un 37,8% para la Alianza Comunidad Ciudadana(CC), organización política de Mesa, circunstancia que permitía una segunda vuelta electoral, donde participarían los dos más votados, es decir, ambos partidos mencionados, dejando de lado a las otras 7 agrupaciones políticas de las 9 en total participantes en aquella competencia eleccionaria.

En un contexto de fuerte polarización y desconfianza, las protestas se agudizaron a partir del día de elecciones. El 21 del mes de octubre, un grupo de protestantes incendiaron la sede del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, la capital del Estado Plurinacional, hecho que antecedió a las quemas de los Tribunales Electorales Departamentales de Potosí, Pando, Beni y Santa Cruz. En este último departamento, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, llamó a la movilización de la ciudadanía, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, en resistencia al alegado fraude electoral. Paralelamente, el líder de la oposición y el supuesto mayor perjudicado del denominado fraude, llamó a movilizaciones civiles para la resistencia en las calles, lo que agudizó las energías de los manifestantes.


Luego de 21 días de movilización, tras una oleada de protestas y contraprotestas que se cobraron la vida de militantes tanto a favor de Morales como en contra, el 10 de noviembre de 2019, antecedido por motines policiales y el retiro del respaldo de las Fuerzas Armadas, en relación a la negativa a reprimir manifestantes, el expresidente indígena, renunció a su cargo y llamó a nuevas elecciones con autoridades electorales que garanticen imparcialidad.
Luego de dos días de vacío de poder, el 12 de noviembre de 2019, en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento boliviano), se suscita una sucesión, a todas luces, atípica, donde asume la Presidencia del Estado Plurinacional, Jeanine Añez Chávez, Segunda Vicepresidenta del Senado, en mérito a las renuncias anteriores de las autoridades superiores llamadas a asumir el timón del país. De forma que se consolidó, en una sesión, sin quórum, un nuevo gobierno, el cual en días posteriores lidió con la violencia de protestas en respaldo al expresidente Morales, manifestaciones que, a la cabeza del citado líder, amenazaron cercar ciudades para dejar sin alimento a las urbes, procuraron la toma física de recursos estratégicos como la planta hidrocarburífera de Senkata en La Paz, y otras acciones violentas, que decantaron en un uso desproporcional de la fuerza por parte de policías y militares, dejando luto y profundizando la división del país.


En un escenario de transición a elecciones, pues la misión fundamental de Añez, era la de conducir al país a una justa electoral, la Presidenta interina anunció su candidatura para la presidencia del país. Las elecciones se encontraban previstas para el 3 de mayo de 2020; empero, la pandemia del coronavirus, generó una serie de argumentos para las fuerzas políticas que no deseaban esa fecha como el día de elecciones, de forma que, el entonces gobierno de Jeanine Añez, manchado por denuncias monumentales de corrupción, incluida el escándalo mundial de los respiradores en tiempos de necesidad en la salud pública, secundó la idea de una postergación, conjuntamente con las fuerzas que menos oportunidades tenían para aspirar al sillón presidencial, incluida la nueva organización política Creemos, liderada por Luis Fernando Camacho, exlíder cívico cruceño, que jugó un rol importante en la renuncia de Morales.


Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral de postergación de elecciones trajeron consigo consecuencias contundentes en el país. Esto sucedió en razón a que diversos sectores sociales, se movilizaron en pleno apogeo de la pandemia para protestar en contra de dichas decisiones. Estas movilizaciones alcanzaron su mayor fuerza a fines de julio, las cuales consistieron en bloqueo de caminos, amenazas abiertas de guerra civil y marchas masivas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia de Bolivia se flagelaron Bolivia, circunstancia agravada por la irrupción de diversos grupos irregulares, herencia de las movilizaciones producto de las pasadas denuncias de fraude electoral, alimentaban los ánimos para dividir el país, en una de las peores épocas de su vida republicana.


No obstante, se arribó a un acuerdo, y las elecciones generales se llevaron a cabo el 18 de octubre de 2020, casi un año después de las cuestionadas y anuladas elecciones del 20 de octubre del 2019. En un escenario muy distinto al anterior, con Luis Arce, un destacado economista de clase media, exministro de Economía, hombre de confianza de Morales y candidato a la Presidencia, conjuntamente con David Choquehuanca, excanciller, diplomático y líder aymara a la cabeza del MAS-IPSP, se obtuvo una victoria favorable para esta organización, en medio de la mediocridad y división de las fuerzas políticas opositoras. Si bien la expresidenta Añez declinó su candidatura a la presidencia, este hecho no bastó para arrebatarle el poder electoralmente al MAS-IPSP. Por un lado, Luis Fernando Camacho, capitalizó una vívida victoria en el departamento de Santa Cruz pero logró un ínfimo porcentaje en el resto del Bolivia. Y por otro, Carlos D. Mesa, obtuvo un escueto porcentaje nacional, en relación a la alta expectativa que se tenía en mérito a las estadísticas que le marcaban favorablemente. Tan bajo porcentaje obtuvo, que fue comparable únicamente con su presencia en las calles, pues éste no se dejó ver con la población personalmente, sino solamente a través de las redes sociales y medios de comunicación.


Los resultados fueron igualmente cuestionados, empero, ante la aceptación de los mismos por parte de la entonces Presidenta Añez y del contendiente principal de Morales, Carlos D. Mesa Gisbert, el 18 y 19 de octubre de 2020, respectivamente, se consolidó la victoria, respaldada por el Tribunal Supremo Electoral. De esa manera, Bolivia ingresó a un nuevo periodo histórico, con el Presidente Luis Arce, marcando una agenda económica para la recuperación de la crisis que dejó la pandemina, y el Vicepresidente David Choquehuanca, quien en su discurso de posesión juró reencaminar su partido político hacia el diálogo, la democratización, la tolerancia con la disidencia y la transparencia.


Los resultados de las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, marcaron un escenario que se palpó desde los primeros movimientos del 20 de octubre de 2020. Existe una Bolivia dividida por el pensamiento político e incluso por identidades culturales que marcan a su vez la tendencia al voto. Con un 54,73% para el MAS-IPSP, un 29,16% para CC, un 14,06% para Creemos, y el resto para los frentes políticos minoritarios, se consolida dicha afirmación. Esto sucede porque principalmente, la votación del MAS-IPSP se concentró, nuevamente, en el área rural, en los sectores desfavorecidos, quienes se constituyen en la mayoría de Bolivia, un país en vías de desarrollo. Mientras que la votación de CC, aglutinó de forma parcial, la votación de la clase media localizada en las capitales de departamento, salvo en la ciudad de Santa Cruz, donde Creemos, con un candidato con discurso regionalista oriundo de aquella urbe, logró la votación mayoritaria en la capital y en el departamento.


En ese mérito, la división política de Bolivia, se refleja en las urnas. Esto sucede porque la configuración de estratos sociales, conforme a lo ya manifestado, se encuentra en constante conflicto. Hechos violentos, cánticos de guerra civil, enfrentamientos y movilizaciones aún a pesar de la pandemia, son elementos peligrosos para la unidad de un país que se encuentra ante la incertidumbre de su futuro, pues no solo se avecina una segunda oleada de pandemia, que trae consigo crisis económica y social, sino que, se aproximan unas nuevas elecciones el 7 de marzo de 2021, en las que se decidirán las nuevas autoridades de alcaldías y gobernaciones, extremos que hacen incierto el futuro de la lucha contra el coronavirus, la falta de empleo y la división del país. Tal como el libertador Simón Bolívar pregonaba, hombre que inspiró el nombre de este país, la unión realmente debe hacer la fuerza. Será el camino que los bolivianos deben tomar, para lograr superar las vicisitudes que trae el futuro incierto a la que el mundo se enfrenta este 2021.

Sergio Miranda Hayes

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